Una investigación periodística global dio cuenta de una serie de operaciones de distintos líderes mundiales en paraísos fiscales. Uno de estos negocios involucra al mandatario y a la compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

Una nueva revelación periodística de negocios en paraísos fiscales apunta directamente a la familia del Presidente Sebastián Piñera, en una transacción que ocurrió en 2011, en medio de su primer periodo al mando de La Moneda.

De acuerdo a lo informado por Ciper y por LaBot, a comienzos de la década pasada, la familia Piñera Morel selló la venta de su participación en el proyecto minero Dominga.

Durante la operación, se estableció una cláusula que favorecería el pago de la última cuota, siempre y cuando, no hubiera cambios regulatorios para la operación del proyecto minero. 

El origen

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés) tuvo acceso a un total de 12 millones de documentos provenientes de 14 compañías facilitadora de negocios en paraísos fiscales.

 

El ICIJ es una agrupación que reúne a cientos de periodistas de investigación de nivel global y que realizan indagatorias colaborativas a gran escala.

En 2016, dieron a conocer todos los detalles de los denominados “Panama Papers”, en el que se revelaba una serie de operaciones de líderes mundiales y celebridades en paraísos fiscales panameños.

Esta nueva investigación de similares características apunta a tres mandatarios de Latinoamérica y a sus operaciones en estos paraísos fiscales: el Presidente de Ecuardor, Guillermo Lasso, el Presidente de República Dominicana, Luis Abinader y el Presidente de Chile, Sebastián Piñera.

¿Qué rol tuvo la familia Piñera?

En 2017, Radio Biobío reveló que la familia Piñera Morel había tenido participación en el proyecto minero Dominga, y que había vendido su participación en el negocio a inicios de la década. No obstante, no se conocían los detalles de dicha transacción.

De acuerdo a la revelación de Pandora Papers, los Piñera-Morel tenían participación en el negocio a través de una cascada de sociedades.

Desde esta estructura, se produjo la venta hacia la familia del estrecho colaborador de Piñera, Carlos Alberto Délanocondenado en 2018 por delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

 

Dicha operación se concretó el 10 de diciembre de 2010 por un total de US$ 152 millones, de los cuales US$ 14 millones se pagaron en Chile y los restantes US$ 138 millones se pactaron en las Islas Vírgenes Birtánicas en tres cuotas.

El detalle de la cláusula 

Dentro de estas tres cuotas, se pactó que la última tendría una condición: se pagaría solo si no se introducían cambios regulatorios que impidieran la explotación de la mina o la construcción del puerto en la comuna de La Higuera.

Gran parte de la controversia apunta a este acuerdo, ya que se produjo mientras Piñera ya era Presidente de Chile, lo que podría apuntar a un conflicto de interés para no realizar mayores regulaciones que afectaran al proyecto minero en La Higuera.

 

El contrato detallaba que la última cuota por US$ 9,9 millones se pagaría siempre y cuando el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional.

Dicho pago se realizaría a más tardar el 31 de diciembre de 2011, un año después del cierre de la operación.

¿Qué ha dicho Piñera?

El mandatario se ha defendido públicamente de la revelación, ha asegurado que toda la operación se ajustó a la Ley y descartó cualquier tipo de conflicto de interés.

 

En un punto de prensa en La Moneda, el Presidente manifestó que “la decisión de la administración de esas empresas de vender minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue, precisamente, para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés”.

Del mismo modo, indicó que “con respecto a la venta de minera Dominga, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017, y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los Tribunales de Justicia durante el año 2017″.

“La Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este Presidente, de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación”, setenció.