Pasadas las 21 horas de este lunes 26 de abril llegó a la Cámara de Diputados, con discusión inmediata, el proyecto del gobierno que propone un nuevo retiro de 10% de los fondos de las AFP y un mecanismo para la recuperación de los mismos a través de una cotización adicional y un aporte estatal.

Según el documento, la iniciativa “modifica la ley Nº 21.295 y permitirá a los chilenos nuevamente retirar el 10% de sus ahorros previsionales, solucionando los problemas del proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado por el H. Congreso Nacional”, y apunta, en principio, a extraer los fondos como se ha conocido en otros procesos similares: “Se establece como monto mínimo de retiro la cantidad equivalente a 35 Unidades de Fomento (UF) ($1.031.870) y, como monto máximo, la cantidad de 150 UF ($4.422.300). Si el saldo acumulado es inferior a la cifra mínima, se autoriza el retiro de la totalidad de los fondos”.

En cuanto a la recuperación y a “fortalecer las pensiones futuras de todos los cotizantes”, lo presentado por el Ejecutivo establece “una cotización adicional de un 1% de cargo del empleador o del trabajador independiente, según corresponda”, que será “calculada sobre la renta o remuneración imponible que se declare para efectos del pago de la cotización obligatoria”, y que comenzará a realizarse a partir del primero de enero del año 2022. 

“Adicionalmente, el Estado otorgará a todos los afiliados, por cada cotización que efectúen a su cuenta de capitalización individual, un 1% adicional de cotización mensual con tope de 0,3 Unidades de Fomento ($8.844), para contribuir al mejoramiento del ahorro previsional de todos los trabajadores cotizantes. Esta suma será depositada anualmente en la cuenta individual de cada trabajador”, precisa el documento, explicando que “el monto de la bonificación se depositará anualmente en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del afiliado cotizante hasta la edad de jubilación legal”. 

Respecto al bono para quienes, al 31 de marzo, tengan un saldo igual o inferior a $200.000 y tengan al menos 3 meses de afiliación, “tendrán derecho a un bono de cargo fiscal por la cantidad de $200.000. Este bono será depositado en la cuenta de capitalización individual del trabajador y podrá ser retirado por este si así lo desea”.

Para los afiliados a rentas vitalicias se otorgará un anticipo, de cargo fiscal, por un monto equivalente hasta un 10% de su reserva, con un tope de 100 UF. “Este anticipo se irá descontando de su renta vitalicia en cuotas mensuales, iguales y sucesivas de un 10% de su pensión bajo esta modalidad, hasta enterar el monto anticipado”, precisa la iniciativa.  

Al igual que en el retiro anterior, los montos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 35 unidades tributarias anuales ($21.092.820).

Finalmente, se explica que “el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se proveerán en las respectivas leyes de presupuestos.”.