Este miércoles 14 de abril se dio a conocer la multa que la Seremi de Salud emitió contra la cantante chilena, Camila “Cami” Gallardo, luego de ser sorprendida durante este verano en una fiesta clandestina en su departamento en pleno fin de semana de cuarentena

La popular artista fue multada con el pago de 100 UTM, es decir, más de $5 millones de pesos, por infringir las normas sanitarias en el marco de la pandemia por el Covid-19, reveló Bío Bío.

De acuerdo al documento, los fiscalizadores constataron que el pasado 31 de enero, la joven realizaba un “evento o actividad social (celebración)”, junto a otras siete personas.

Cabe destacar que por esas fechas, la comuna de Las Condes, donde se ubica su residencia, se encontraba en Fase 2, lo que, recordemos, establece que los fines de semana hay cuarentena total. 

Detalle de la resolución

El documento revela además que el pasado 5 de febrero, la cantante hizo sus descargos ante la Seremi solicitando la absolución del cargo formulado. De acuerdo a su relato, ella “no toleró, ni organizó, ni facilitó su domicilio para ninguna celebración, pues se encontraba afectada de un cuadro alérgico”.

Según ella, el 30 de enero “despertó con un cuadro alérgico y hormigueo en sus extremidades que le provocaron tres desvanecimientos”. Por esto, fue a un centro de salud donde estuvo todo el día internada. 

Sus amigos se preocuparon por su estado de salud, siendo aquello lo que motivó la llegada de ellos a su departamento. Esta historia no convenció a la autoridad sanitaria para revocar las conclusiones del sumario.

“Ni las argumentaciones ni los documentos acompañados por la persona sumariada logran alterar el hecho infraccional materia de este sumario, relacionado con la realización de una actividad social en horario de toque de queda o aislamiento nocturno”, reza la resolución.

En todo caso, la cantante puede apelar a la infracción, pidiendo que le rebajen la multa o que se anule. Si se adopta esta última decisión, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), asumirá la representación de la Seremi, en un trámite que puede escalar hasta la Corte Suprema.